México: la entrega de capos en Sinaloa genera debate sobre los avances reales en materia de seguridad pública
La entrega de tres lotes de criminales mexicanos a Estados Unidos en el último año marca un hito en las relaciones bilaterales. Sinaloa, región de origen de muchos de estos trasladados, experimenta una cautela generalizada. Los avances en operativos de seguridad contrastan con la persistencia del conflicto entre facciones del Cartel del Pacífico. Expertos advierten que, aunque se han logrado capturas significativas, el problema de violencia fundamental no se ha resuelto en la entidad.
Daniel Alfredo Blanco, conocido como el Cubano, fue uno de los 37 hombres entregados recientemente a Estados Unidos. Capturado hace poco, su extradición responde a peticiones de Washington. El Gobierno de Trump buscaba específicamente al Cubano para juzgarlo como operador financiero del cartel. Su rol consistía en manejar recursos para la facción de los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán, heredero del imperio criminal de Joaquín El Chapo.
La desaparición de figuras criminales del tablero no ha reducido necesariamente los índices de violencia en las calles sinaloenses. El 2024 fue fatal para la región, pero 2025 registra cifras aún más graves. Comparativas entre enero y diciembre de ambos años demuestran incremento sostenido de criminalidad. Miles de muertos y desaparecidos configuran un escenario de violencia que no cesa, sino que crece de manera acelerada.
El conflicto entre Los Chapitos y los herederos de Ismael El Mayo Zambada, iniciado en septiembre de 2024, ha transformado Sinaloa radicalmente. Feminicidios subieron de 31 a 72 casos, un aumento del ciento treinta y dos por ciento. Robos de vehículos aumentaron setenta por ciento, mientras asesinatos se incrementaron sesenta y seis por ciento. Desapariciones de personas crecieron cuarenta y cuatro por ciento durante el mismo período comparativo.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública describe la estrategia de detenciones como insuficiente. Capturar líderes genera vacíos que ocupan inmediatamente jóvenes de trece a veinte años. Estos menores trabajan por ínfimos salarios o bajo coerción, perpetuando la violencia sin que las capturas afecten la estructura criminal fundamental que domina la región desde hace décadas.
En el último año, autoridades detuvieron a tres mil doscientos treinta y seis personas en Sinaloa. Se decomisaron cinco mil doscientos setenta y una armas, más de un millón de municiones y cinco mil ochocientos treinta y dos artefactos explosivos improvisados. Aseguramientos incluyen veintinueve toneladas de droga, doscientos cincuenta y ocho laboratorios y casi seis mil plantíos. Las cifras reflejan operativos intensos pero resultados limitados en contención de violencia.
El gobierno estatal ha invertido recursos multimillonarios en infraestructura de seguridad. Se adquirieron camionetas blindadas, patrullas y armas; se desembolsaron ciento ocho millones de pesos en videocámaras y puntos de monitoreo. La guerra ha generado gastos extraordinarios que reflejan la magnitud del problema. A pesar de la inversión, la violencia continúa escalando sin señales de control efectivo.
Autoridades locales reconocen que detenciones y aseguramientos no resolverán el conflicto. El secretario de Seguridad estatal señaló que la solución requiere responsabilidad compartida entre familias, escuelas y comunidades. Sin transformaciones profundas en estructura social, el círculo de violencia persiste indefinidamente. Los operativos continuarán, pero su capacidad para resolver la crisis estructural permanece limitada.
