Los maquinistas mantienen paralizado el servicio de Rodalies en Cataluña mientras la Generalitat pierde su capacidad de intervención
Más de 400.000 catalanes se quedaron sin servicio ferroviario el miércoles debido a decisiones vinculadas con la situación política. El jueves la situación persistió sin cambios, ya que ni los trenes de cercanías ni los de media distancia operaron. Las autoridades argumentaron la necesidad de revisar exhaustivamente toda la red ferroviaria. El ministro de Transportes expresó optimismo sobre una posible recuperación del servicio en horas próximas, solicitando confianza a los maquinistas.
Renfe, no la Generalitat, tomó la decisión de suspender la circulación para calmar la indignación del sindicato de maquinistas Semaf tras la muerte de un trabajador en prácticas el martes en un accidente ferroviario. Expertos han cuestionado esta medida drástica considerando que ni el clima ni el estado de la infraestructura la justificaban. Los maquinistas respondieron con una huelga encubierta, provocando que el Govern anunciara un expediente contra Renfe.
El temporal Gloria de 2020 azotó Cataluña durante tres días sin interrumpir los servicios. La suspensión de miércoles, con precipitaciones leves, carece de justificación lógica. Aunque la consellera Silvia Paneque enfatizó la importancia de garantizar la seguridad de usuarios y empleados, el riesgo cero es imposible. El accidente en Gelida resultó impredecible y no refleja condiciones generalizadas de la red. El servicio debería haber reanudado escalonadamente el jueves, pero comenzó nuevamente sin funcionar.
El gobierno catalán asumió la responsabilidad enfocándose en consideraciones políticas antes que gestión eficiente. Durante el mediodía, catalanes desconocían si habría trenes al día siguiente. El ejecutivo de Salvador Illa llegó al poder prometiendo mejorar la administración pública. Plataformas ciudadanas responsabilizaron a la Generalitat, aunque reconocieron que Renfe y Adif decidieron realmente la suspensión.
El PSC depende de ERC para aprobar presupuestos, mientras que los republicanos impulsan que Cataluña asuma la gestión de cercanías. Esta propuesta, fallida en 2017, representa ahora un intercambio político. Oriol Junqueras aprovechó la situación declarando que el traspaso mejoraría infraestructuras críticas para los catalanes, avanzando su agenda política mediante la crisis ferroviaria.
Una crisis política incubándose se manifestó cuando conselleras pidieron comparecer en el Parlament. Junts, buscando temas para atacar a Illa, se aferró a la situación ferroviaria. El debate político se enfocará en inversión insuficiente culpando a Madrid, ignorando mejoras recientes. Salvador Vergés de Junts exigió responsabilidades tanto al ministro Óscar Puente como a Paneque, equiparando sus responsabilidades.
Un análisis racional examinaría si líneas atravesando zonas como Igualada, la Segarra o el Bages necesitan mantenimiento intenso debido a desplazamientos de placas en lluvias torrenciales. Debería verificarse si Adif aplica criterios diferenciados o si utiliza el mismo estándar sin calibrar riesgos específicos de cada tramo ferroviario según sus características geológicas.
Sin embargo, la gestión resulta políticamente aburrida. Los actores políticos prefieren ataques carentes de fundamento, como contra Paneque, o proponen soluciones simplistas para problemas complejos. El traspaso de competencias que Junqueras defiende ejemplifica esta preferencia por respuestas fáciles. Patronales y sindicatos catalanes debaten si los días perdidos corren a cuenta de empresas o si trabajadores recuperarán horas mediante vacaciones.
