La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ha justificado el envío de 37 presos hacia Estados Unidos enfatizando que se trató de una decisión soberana de México. Rechazó que la iniciativa proviniera de Donald Trump durante una llamada reciente. Según Sheinbaum, fue el Departamento de Justicia estadounidense quien solicitó cada caso específico, y su equipo evaluó que el traslado beneficiaba la seguridad nacional mexicana.
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, celebró el traslado en redes sociales como evidencia de colaboración para desmantelar carteles. Destacó que desde que Trump retomó la presidencia hace un año, ambos gobiernos han trabajado de forma histórica en materia de seguridad. Esta es la tercera transferencia de presos durante el segundo mandato trumpista.
Sheinbaum aclaró que las decisiones se basaron en consideraciones de política de seguridad nacional y soberanía, no en presiones externas. El grupo de 37 incluye a criminales de alto impacto para México y Estados Unidos, pertenecientes a seis organizaciones bajo vigilancia del Departamento de Estado. El análisis individual de cada caso fue realizado por el Gabinete de Seguridad Nacional dirigido por Omar García Harfuch.
Algunos trasladados fueron capturados múltiples veces por los mismos delitos. Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, había sido detenido anteriormente por dirigir células de sicarios responsables de secuestros, torturas y asesinatos. A pesar de ello, obtuvo prisión domiciliaria y volvió a ser capturado hace un mes. Este patrón refleja recidiva en criminales mexicanos.
La presidenta explicó que el proceso de selección evaluó si cada detenido era importante para México y si su traslado ayudaba a reducir la violencia nacional. Los 37 presos fueron trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas para ser entregados a la justicia estadounidense.
Sheinbaum advirtió que si los detenidos reciben tratos preferenciales a cambio de información sobre sus organizaciones criminales, México exigirá que se comparta esa inteligencia. Del mismo modo, si se requisan propiedades de los trasladados, el Gobierno mexicano reclamará lo que le corresponda según la ley.
