Tras casi tres días de tono moderado tras la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba, la tregua política entre el Gobierno y el PP llega a su fin. Ambas fuerzas habían mantenido un espíritu colaborativo inusual, contrario a enfrentamientos previos en otras catástrofes.
El Partido Popular convocó una rueda de prensa el miércoles sin previo aviso. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, exigió explicaciones y transparencia al Ministerio de Transportes sobre las decisiones de Adif respecto a los cambios de velocidad en la línea Madrid-Barcelona. Sin embargo, el PP rechazó por ahora atribuir responsabilidades directas al Ejecutivo.
El Gobierno madrileño tomó una posición más contundente que Génova. El portavoz Miguel Ángel García vinculó directamente el caos en la gestión del sistema ferroviario con la tragedia que causó 42 muertes. Criticó las faltas de inversión histórica en infraestructuras y mencionó responsables previos, incluido José Luis Ábalos.
Las contradicciones de Adif en menos de 24 horas sobre las restricciones de velocidad provocaron mayor fricción política. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, cuestionó « ¿En manos de quién estamos? » tras los cambios reiterados. Un segundo accidente en Gelida Barcelona aquella noche terminó por romper definitivamente la unidad.
Santiago Abascal de Vox fue el primero en criticar duramente al Ejecutivo desde el domingo, presionando al PP para reaccionar. Junts se sumó a exigir la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso. El consenso inicial se desmoronaba ante las decisiones contradictorias sobre seguridad ferroviaria.
