El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe recibe condena de cadena perpetua
Un tribunal japonés ha condenado a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022. El crimen, cometido con un arma casera durante un acto público en la ciudad de Nara, fue calificado por los jueces como “viles y extremadamente crueles”, generando conmoción nacional e internacional.
Abe fue una figura política prominente durante décadas, habiendo gobernado Japón entre 2012 y 2020. Aunque había dejado el cargo años antes por problemas de salud, continuaba siendo influyente dentro de su partido y participaba activamente en la vida pública. Tenía 67 años cuando fue atacado mientras realizaba un discurso para apoyar a un candidato a la Cámara Alta.
Durante el juicio, Yamagami de 45 años reconoció ser el autor del crimen. Su defensa argumentó que el acusado era víctima de un grupo religioso y que su infancia traumática lo llevó a cometer el asesinato. Sin embargo, la fiscalía solicitó la prisión perpetua enfatizando la brutalidad, premeditación y irracionalidad del ataque, además de que Yamagami fabricó más de diez armas.
Yamagami afirmó que odiaba a la Iglesia de la Unificación porque su familia sufrió ruina financiera por donaciones que su madre realizó al grupo religioso. Estas contribuciones totalizaron cien millones de yenes. Su hermano mayor, que padecía linfoma, no pudo acceder al tratamiento médico y se suicidó en 2015. El atacante creía que Abe facilitaba la participación política de la secta en Japón.
El abuelo materno de Abe introdujo la Iglesia de la Unificación en Japón durante los años sesenta como herramienta anticomunista en plena Guerra Fría. Esta organización, fundada por el coreano Sun Myung Moon, promovía que Japón debía expiar el sufrimiento causado durante la colonización de Corea mediante donaciones sustanciales de sus ciudadanos.
El atentado expuso la relación entre el Partido Liberal Democrático y la Iglesia de la Unificación, revelando un sistema de intercambio donde el partido ofrecía legitimidad y protección política a cambio de apoyo electoral organizado. El escándalo obligó a investigar los vínculos de políticos con la secta y resultó en la destitución de ministros.
En respuesta a la crisis política generada, Japón aprobó en diciembre de 2022 una ley para regular las tácticas manipuladoras de recaudación de fondos empleadas por organizaciones como esta. En 2023, el gobierno solicitó formalmente la disolución de la Iglesia de la Unificación por los daños económicos y sociales causados a miles de familias japonesas a través de sus prácticas predatorias de captación de adeptos.
