Los forenses del Instituto Médico Legal de Córdoba trabajan contrarreloj para tranquilizar a las familias de Adamuz
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba funciona como centro de identificación tras el desastre ferroviario de Adamuz. Desde el lunes, un cordón de seguridad rodea el complejo judicial impidiendo el acceso a curiosos. Los vehículos de las fuerzas de seguridad llegan constantemente, pues es allí donde se realizan las labores de identificación de víctimas fatales. Un equipo de médicos forenses reforzado trabaja sin descanso para devolver los cuerpos a las familias.
Las autoridades andaluzas enfatizan la necesidad de proporcionar tranquilidad a los allegados. Antonio Sanz, consejero de Sanidad, utilizó la palabra «sosiego» al referirse a las familias congregadas en el centro cívico Poniente Sur. Allí reciben asistencia psicológica de la Cruz Roja. Los portavoces oficiales han insistido desde el inicio en que se trata de un proceso lento y meticuloso. La incertidumbre debe terminar, pero requiere tiempo.
La plantilla regular del Instituto consta de dieciséis médicos forenses. La Consejería de Justicia, dirigida por José Antonio Nieto, reforzó el equipo con profesionales de otros municipios de Andalucía. En total trabajan veintisiete médicos en el IML, incluyendo la coordinadora autonómica con sede en Huelva. Sus tareas abarcan desde el levantamiento de cadáveres hasta la recolección de muestras y la práctica de autopsias exhaustivas.
Hasta el martes por la tarde, los forenses completaron las autopsias de cuarenta y dos fallecidos localizados en la zona del siniestro. Veintisiete cuerpos se hallaron en el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, seis yacían en las vías adyacentes, cinco en el tren Iryo de Málaga que descarriló inicialmente, y tres fueron encontrados entre ambos convoyes. El primer paso consiste en orientar la ubicación del cadáver respecto al lugar exacto de los hechos.
Los médicos determinan el momento aproximado del fallecimiento observando los signos visibles de la muerte. Antes del traslado al Instituto, numeran cada víctima. Las instalaciones cuentas con capacidad original para cuarenta y cinco cuerpos, ampliada a sesenta y uno. Afortunadamente, no fue necesaria esta extensión, lo que genera optimismo entre los rescatistas dado que el número de víctimas coincide aproximadamente con las denuncias de desapariciones.
La identificación requiere análisis de muestras biológicas para cotejar ADN. Las primeras veinticinco identificaciones se realizaron mediante huellas dactilares, según la criminalística de la Guardia Civil. Este método resulta más eficiente porque todos los ciudadanos están registrados por sus huellas. Los forenses solicitan a familias información sobre tatuajes, cicatrices u otras marcas distintivas para complementar la identificación visual.
Los expertos consideran que el ritmo de identificación en Córdoba es normal y apropiado, especialmente gracias al análisis de huellas dactilares. Este proceso es casi automático, pues se introduce la huella en bases de datos disponibles localmente o en centrales especializadas. El análisis de ADN es considerablemente más lento, demorando aproximadamente dos días por examen.
La determinación de la causa de muerte culmina el trabajo forense, pero requiere autorización judicial para informar a las familias. El tribunal de instancia número dos de Montoro, presidido por Cristina Pastor, tiene competencia sobre estos trámites. Cuenta con catorce funcionarios tras aprobarse un refuerzo de dos empleados. Además, se espera la llegada próxima de un juez adicional y un letrado de la Administración de Justicia para acelerar los procesos documentales necesarios.
