Transcurridos quince meses desde que presentara una denuncia por agresión sexual en contra de Íñigo Errejón, la actriz Elisa Mouliaá reveló públicamente que la formación política Sumar ha financiado de manera significativa los gastos de su proceso judicial. El exdiputado, figura destacada en la política española y cofundador de Podemos y Más Madrid, abandonó su cargo y la vida pública tras acusaciones anónimas en redes sociales que lo señalaban como responsable de conductas inapropiadas.
A través de sus redes sociales, Mouliaá expresó su agradecimiento destacando que Sumar asumió costes judiciales sustanciales del proceso. La actriz subrayó que esta acción refleja una responsabilidad política que debería extenderse de forma generalizada. Representantes del partido confirmaron posteriormente que habían se comprometido públicamente a apoyar a las víctimas, y que respondieron positivamente cuando se les solicitó ayuda económica para contratar abogados.
El juez instructor Adolfo Carretero procesó a Errejón a comienzos de enero por un presunto delito de abuso sexual. La acusación solicita una condena de tres años de prisión. Esta decisión judicial se tomó después de que el magistrado constatara en noviembre la existencia de indicios suficientes contra el expolítico, sin aguardar a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronunciara sobre los recursos presentados.
Según la denuncia de Mouliaá, los hechos ocurrieron durante una fiesta en septiembre de 2021. La actriz relata que Errejón la besó sin consentimiento en un ascensor, la condujo a una habitación donde cerró la puerta y realizó tocamientos no consentidos. Posteriormente, ambos se dirigieron al domicilio del diputado, donde él insistió en mantener relaciones sexuales, momento en que ella rechazó sus avances expresando su malestar.
Errejón ha rechazado categóricamente las acusaciones contra él. Su defensa cuestiona la existencia de indicios criminales y desacredita la versión de la denunciante. En paralelo, el expolítico presentó una querella contra Mouliaá por calumnias y presunta extorsión de testigos, denuncia que fue admitida a trámite por otro juez instructor. El caso desencadenó un impacto significativo en los partidos de izquierda españoles cuando estalló en octubre de 2024.
