Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y figura de confianza de Isabel Díaz Ayuso, enfrenta cuestionamientos tras dos sentencias del Tribunal Constitucional en contra del PP. Más Madrid exige su dimisión, argumentando que la Mesa ha actuado como brazo político de la presidenta. Ossorio fue antes vicepresidente y portavoz del gobierno autonómico, lo que explica su cercanía con Ayuso y su designación para esta misión delicada según la oposición.
La oposición acusa al PP de utilizar la mayoría absoluta para controlar iniciativas rivales y convertir la Cámara en plataforma contra el Gobierno nacional. El Constitucional examina ahora esta estrategia mediante varios recursos pendientes, incluyendo uno anterior al mandato de Ossorio que afecta a la ley que permitió cambiar la dirección de Telemadrid por una afín al conservador.
Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, calificó la sentencia como “demoledora” y evidencia de parcialidad institucional. Demanda el cese inmediato de Ossorio y el fin de los vetos presidenciales. El PSOE va más allá, considerando que quien debe dimitir es Ayuso. Ambas formaciones coinciden en volver a registrar las iniciativas vetadas, aunque reconocen que su aprobación sigue siendo prácticamente imposible dado el control parlamentario conservador.
Entre las iniciativas bloqueadas figuran preguntas sobre amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a una periodista, y propuestas para reprobar cargos o investigar colaboraciones público-privadas en sanidad donde labora la pareja de la presidenta. Vox también acudió al Constitucional denunciando “inadmisión arbitraria y sistemática” de sus iniciativas parlamentarias.
Bajo el mandato de Ossorio, desde 2023, los conflictos parlamentarios se han intensificado. Se le ha visto vetar menciones a asuntos que le afectan directamente y dirigir debates con parcialidad manifiesta según la izquierda, que denuncia su “sordera selectiva” ante infracciones del PP. También ha impulsado investigaciones sobre el caso Begoña Gómez diseñadas para desgastar al gobierno de Sánchez.
El tribunal de garantías examinará próximamente el recurso del PSOE contra la tramitación acelerada de la ley de Telemadrid aprobada en 2021. Esta reforma permitió al PP y Vox controlar la cadena pública mediante la destitución de su anterior dirección y nombramiento de un administrador provisional afín. Los socialistas piden la nulidad por haberse vulnerado derechos de enmienda parlamentaria.
Otras decisiones controvertidas de la Mesa aguardan pronunciamiento constitucional, como la ley del suelo y la ley ómnibus que aprobó decenas de cambios legales en una sola votación. Esta normativa facilitó el control de entidades fiscalizadoras: la Cámara de Cuentas, Telemadrid y el Consejo de Transparencia, concentrando poder en manos del ejecutivo autonómico.
En cuestión está también el rechazo de la Mesa a admitir una comisión de investigación sobre Madrid Network, arguyendo que pertenece a legislaturas anteriores. Esta asociación empresarial pagó 1,8 millones de euros entre 2008 y 2011 a Equipo Económico, despacho del exministro Cristóbal Montoro, investigado actualmente por presunta comisión de delitos. Este criterio de bloqueo de asuntos históricos afecta a toda la oposición sistemáticamente.
