La capital guatemalteca presentó un panorama inusual el lunes: calles vacías durante un día laboral. El presidente Bernardo Arévalo había decretado estado de sitio tras nueve agentes policiales asesinados en ataques simultáneos atribuidos a pandilleros del Barrio 18. Simultáneamente, se registraron motines en al menos tres cárceles del país. Las autoridades despidieron a los oficiales como héroes mientras el mandatario señalaba a “mafias político-criminales” como responsables de los hechos violentos.
Durante las honras fúnebres matutinas, la Policía Nacional Civil confirmó el fallecimiento de un décimo agente hospitalizado. Arévalo enfatizó que el ataque no solo afectaba a los uniformados, sino al país completo. El presidente acusó a grupos corruptos de intentar desestabilizar su Gobierno mediante operaciones coordinadas. Argumentó que estos sectores se resisten porque saben que Guatemala recuperará su sistema de justicia durante este año.
La indignación ha cundido en una población ya sometida a la violencia de pandillas y crimen organizado. A finales de diciembre, autoridades encontraron doce cadáveres en Santa Lucía Los Ocotes, ubicado quince kilómetros al norte de la capital. Los hallazgos se atribuyeron a un posible “reacomodamiento” entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha en su disputa por controlar territorios. Previamente, el mandatario había decretado estado de prevención en comunidades indígenas del sur tras un ataque contra militares que dejó cinco muertos y doce heridos.
Los hechos revelan la incapacidad del Ejecutivo para contener el crimen organizado a pesar del mensaje de firmeza transmitido por Arévalo. Estados Unidos designó a Barrio 18 como organización terrorista transnacional. La Embajada estadounidense en Guatemala condenó públicamente los ataques del fin de semana, advirtiendo que terroristas y sus colaboradores no tienen cabida en el hemisferio.
Guatemala enfrenta una crisis de seguridad mientras vive momentos de alta tensión política. Durante el primer trimestre deben elegirse fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Arévalo solicitó a finales de 2025 el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos para estos procesos, anticipando disputas institucionales durante un período crítico.
El Ministerio Público lo encabeza Consuelo Porras, a quien Arévalo acusó de intentar fraguar un golpe de Estado en 2024. Porras figura en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado estadounidense por “socavar la democracia” y representa uno de los principales antagonistas del Gobierno actual.
Exfuncionarios y expertos respaldan la hipótesis presidencial sobre “mafias político-criminales”. Francisco Solórzano Foppa, exfiscal, recordó que tras la victoria electoral de Arévalo en agosto de 2023, el Ministerio Público alertó sobre posibles atentados del Barrio 18. Circuló información sobre partidos de oposición considerando utilizar pandillas para impedir la toma de posesión. Solórzano señaló que el pacto corrupto que prosperó bajo gobiernos anteriores se transformó en pacto golpista.
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, expresó extrañeza por la falta de pronunciamiento del Ministerio Público. Indicó que la Unidad de Métodos Especiales debería haber detectado información sobre la planificación de los atentados. La ausencia de respuesta institucional acentúa las sospechas sobre complicidad de sectores dentro del aparato estatal.
