
A los cien días de asumir el cargo, José Jerí enfrenta su primer gran crisis política. Reuniones clandestinas con un empresario chino han generado sospechas de tráfico de influencias. El escándalo, conocido como “Chifagate”, pone en jaque un gobierno que prometía transparencia y cercanía con la ciudadanía desde sus primeros días de mandato.
El 26 de diciembre, un hombre encapuchado fue captado ingresando al restaurante Xin Yan en San Borja, bajando del coche presidencial. Se reunió con Zhihua Yang, empresario chino vinculado a negocios de seguridad e hidroeléctricas. Investigaciones posteriores confirmaron que el sujeto era el propio presidente. Las imágenes revelaron también la presencia de un acompañante con gorra.
Jerí inicialmente justificó el encuentro como preparativos para celebraciones del Día de la Amistad Perú-China. Luego cambió su versión, afirmando que fue invitado a “actividades privadas” que nunca especificó. Sus explicaciones contradictorias alimentaron sospechas sobre transacciones irregulares. El presidente insistió en que simplemente iba a cenar, como cualquier ciudadano, e intentó diferenciarse de gobiernos anteriores.
Días después, Jerí emitió un video a las dos de la madrugada ofreciendo disculpas. Reveló que su acompañante era el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Describió a Yang como “Jhonny”, conocido de tiempo atrás por actividades culturales. Esta tercera versión generó más interrogantes sobre la verdadera naturaleza de los encuentros y la preparación del mensaje de contención de daños.
Según reportes, el tema central habría sido un contrato de 112 millones de soles para instalar cámaras de vigilancia en ocho mil buses de transporte público. Se informó que Jerí presionó para acelerar la compra desde su llegada a Palacio. Yang habría conocido al presidente desde inicios de 2024, presentado por un congresista de Somos Perú. El empresario cuenta con conexiones profundas en círculos oficiales.
Yang integró delegaciones oficiales con Dina Boluarte hacia China e incluso contrató servicios legales con la familia Boluarte. Sus vínculos con la administración anterior sugieren relaciones estratégicas de largo plazo. Un segundo escándalo estalló cuando se difundieron videos de Jerí visitando un local clausurado de Yang en el Centro de Lima el 6 de enero, luciendo lentes oscuros y visiblemente alterado.
Analistas advierten sobre sospechas de tráfico de influencias tras el comportamiento encubierto del presidente. Luis Benavente señala que las explicaciones no resultan creíbles y que la conducta genera automáticamente cuestionamientos. La bancada de Perú Libre ya recolecta firmas para una moción de vacancia por incapacidad moral contra el mandatario.
El primer ministro Ernesto Álvarez salió a defender a Jerí, alegando que el presidente habría sido engañado por promesas de megaeventos. Sugirió que Yang ofrecía transacciones de diversos niveles tras el aparente interés en fortalecer relaciones con China. Una visita de Yang incluyó a empresario vinculado a tráfico ilegal de madera.
Expertos critican que los cien días de Jerí se han basado en énfasis comunicacional diluido en redes sociales, desatendiendo gestión real. El gobierno prioriza la imagen sobre los temas vitales como la lucha contra el crimen organizado. El “Chifagate” ha tambaleado un mandato que concluirá el 28 de julio, cuestionando su capacidad de liderazgo y legitimidad política.



