La desaparición del juez Carlos Serrano del edificio judicial de Quito el 17 de diciembre marcó un punto de quiebre en la crisis institucional ecuatoriana. Con apenas 34 años, Serrano integraba la Unidad de Lucha contra la Corrupción, creada en 2022 para combatir el crimen organizado. Antes de abandonar el país, formalizó ante el Consejo de la Judicatura su preocupación: continuar sin protección policial ponía en riesgo su vida.
Semanas antes de su partida, la situación se tornó crítica. Un vehículo cargado con explosivos detonó frente al complejo judicial donde trabajaba Serrano, ocurrencia vinculada a una audiencia importante contra el acusado Jezdimir Srdan. A pesar del atentado, el magistrado contaba apenas con dos custodios, sin blindaje ni equipo de seguridad especializado. Muchos jueces anticorrupción utilizaban transporte público sin protección.
Las presiones extrajudiciales intensificaron. El director provincial del Consejo de la Judicatura le solicitó directamente dictar una sentencia favorable a Srdan. Serrano documentó la conversación en audio. Paralelamente, durante una audiencia, el imputado realizó un gesto explícito de amenaza de muerte dirigido al magistrado. Las intimidaciones combinaban violencia física y presión institucional simultáneamente.
Tras solicitar refuerzo de seguridad, Serrano recibió la respuesta contraria. El Ministerio del Interior no incrementó la custodia, sino que la retiró completamente diez días después de la amenaza. En este panorama de violencia generalizada contra el sistema judicial, con atentados y homicidios de funcionarios, Serrano comprendió que debía abandonar el país para preservar su vida.
Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura en la provincia de Orellana, vivió una trayectoria similar. Detectó inconsistencias en casos de tráfico de combustible donde delincuentes escapaban sin ser procesados. Al investigar, descubrió que información sobre sus gestiones llegaba inmediatamente a la banda criminal Los Choneros. La infiltración del crimen organizado en estructuras judiciales era evidente.
En octubre de 2025, sicarios interceptaron a Lozada en un semáforo disparando directamente hacia su cabeza. Su padre, quien viajaba con ella, esquivó las balas mediante maniobras desesperadas. Pese a denunciar el intento de homicidio, no recibió protección adicional. Organizaciones internacionales gestionaron finalmente su evacuación del país, evidenciando el fracaso estatal en garantizar seguridad a operadores judiciales.
Ambos casos convergen en la gestión de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se acumulan denuncias sobre irregularidades y conflictos de interés durante su administración, incluyendo la presión denunciada por Serrano. Un proceso de juicio político avanza en la Asamblea Nacional, aunque enfrenta obstáculos políticos. Godoy evitó responder acusaciones durante su comparecencia legislativa.
La situación se agravó cuando José Suing, presidente de la Corte Nacional y respaldador de Godoy, renunció tras perder apoyo de colegas. El presidente Daniel Noboa sugirió la renuncia de Godoy, quien la rechazó. El sistema de justicia ecuatoriano colapsaba bajo presiones simultáneas de corrupción institucional y violencia criminal organizada, transformando la función judicial en una profesión potencialmente mortal.
