Acciona comunicó a las autoridades fiscales que Servinabar, empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, le emitió facturas por más de 677.000 euros entre 2021 y 2024 por servicios cuya realización no pudo verificarse. La constructora presentó autoliquidaciones complementarias el 18 de diciembre de 2025, expresando dudas sobre la autenticidad de los documentos contractuales que respaldan estas transacciones.
El desglose de las facturas cuestionadas muestra una distribución temporal específica. En 2021 se registraron siete facturas por 101.167,27 euros; en 2022, once por 148.221,82 euros; en 2023, catorce por 197.629,09 euros; y en 2024, dieciséis por 230.567,27 euros. Acciona consideró necesario realizar ajustes positivos a su base imponible debido a estas transacciones sospechosas.
Las autoliquidaciones complementarias también incluyeron correcciones del Impuesto sobre el Valor Añadido. Acciona argumentó que no podía deducir las cuotas de IVA soportado relacionadas con esos servicios dudosos, afectando tanto el Impuesto de Sociedades como el régimen tributario del valor añadido para los períodos en cuestión.
La Agencia Tributaria había iniciado inspecciones contra Acciona en marzo anterior respecto a 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, tras recibir las declaraciones que detallaban las facturas de Servinabar, solicitó suspender las pesquisas al considerar que estas podrían alterar la base imponible si se confirmaba que la empresa prestó servicios inexistentes o participó irregularmente en uniones temporales.
El magistrado instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, aceptó la petición de Hacienda. Dejó en suspenso los procedimientos inspectores exclusivamente respecto a la verificación de servicios realizados por Servinabar durante los ejercicios fiscales mencionados, permitiendo que la investigación penal continuara sin interferencias administrativas.
Según las pesquisas judiciales, Cerdán sería propietario del 45% de Servinabar. La Guardia Civil documentó que esta pequeña empresa se asoció con Acciona en varias uniones temporales, participando con el 2%. Los trabajos recibidos a través de Acciona representaban más del 75% de los ingresos totales de Servinabar, según los investigadores.
La causa también incluye como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, quienes permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre del año anterior.
