La ciudadanía estadounidense se convierte en una odisea aún más compleja bajo la administración Trump
La obtención de ciudadanía estadounidense se ha convertido en una tarea cada vez más complicada bajo la administración actual, que ha implementado reglas más rigurosas y paralizó los procedimientos para innumerables inmigrantes dejándolos en situación de incertidumbre total sobre su futuro migratorio.
Mailan Pacios, inmigrante cubana de 28 años residente en Tennessee, experimentó esta realidad de manera traumática. Tenía programado su examen de ciudadanía para el 8 de enero, pero cinco días antes recibió una notificación de cancelación. Invirtió trescientos dólares en preparación y estudió inglés durante un año. Como madre de dos hijos y propietaria de negocio, ella considera que ha cumplido con sus obligaciones legales.
El proceso de naturalización exige que los solicitantes sean residentes permanentes durante mínimo cinco años y demuestren dominio del inglés además de conocimientos sobre historia y civismo estadounidense. Las pruebas incluyen evaluaciones orales, de lectura y escritura que requieren dedicación y recursos económicos significativos para prepararse adecuadamente.
La ciudadanía representa para los inmigrantes estabilidad, pertenencia y participación en la vida democrática del país. Los ciudadanos naturalizados constituyen al menos el 13% del electorado estadounidense, cifra que ha crecido aceleradamente en dos décadas. En 2024, el 97% de ciudadanos naturalizados indicaron que votarían, comparado con el 66% del electorado general según el Brookings Institute.
Desde el fin de la pandemia, las naturalizaciones se han mantenido entre 800.000 y 900.000 anuales. Sin embargo, esta tendencia enfrentaba ahora obstáculos significativos por cambios en políticas migratorias que alteraban el sistema diseñado para facilitar el acceso a la nacionalidad.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración implementó una versión más rigurosa del examen. El banco de preguntas aumentó de 100 a 128 opciones, las preguntas durante entrevista pasaron de diez a veinte, y los requisitos de aprobación se elevaron de seis respuestas correctas a doce. Además, se añadieron verificaciones de antecedentes más exhaustivas que incluyen visitas a barrios e entrevistas con vecinos y empleadores.
Tras un incidente criminal en Washington atribuido a un inmigrante afgano, el gobierno suspendió todos los procesos migratorios ordenando revisar solicitudes ya aprobadas para personas de países clasificados como “alto riesgo”. Esta medida generó confusión entre candidatos próximos a su ceremonia de juramentación e incluso provocó críticas dentro del propio partido gobernante.
Wilfredo Allen, abogado de inmigración en Miami, reporta que varios clientes tuvieron suspendidas sus entrevistas y ceremonias. Dos de ellos llevaban más de quince años en el país esperando alcanzar la edad para realizar el examen en español, consideración especial para solicitantes mayores de cierta edad con residencia prolongada.
Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración bajo Bill Clinton, aseguró que estas medidas constituyen esfuerzos para desalentar la naturalización e intimidar a solicitantes. Destacó que tales acciones contradicen el mandato legal del USCIS, creado precisamente para facilitar procesos de inmigración legal, no para obstaculizarlos mediante barreras arbitrarias.
El gobierno también ha intensificado esfuerzos para revocar ciudadanía a inmigrantes naturalizados e intentó eliminar la ciudadanía por nacimiento, medida que jueces federales bloquearon por inconstitucional. Paralelamente, eliminó el Programa de Subvenciones para Ciudadanía e Integración vigente desde 2009.
Este programa distribuía más de veintidós millones de dólares a organizaciones comunitarias que asistían a inmigrantes en su preparación. Su eliminación obligó a ONGs a reducir personal y cancelar clases de inglés, civismo y ayuda en trámites de solicitud, limitando significativamente el acceso a servicios de preparación.
Grupos de derechos cívicos demandaron al gobierno argumentando que el recorte fue ilegal y complica aún más el camino hacia la ciudadanía para residentes legales. La ofensiva general ha dividido familias, desestabilizado comunidades enteras y generado protestas masivas.
Allen planea recurrir a corte federal si para marzo no hay indicios de reanudación de procesos, buscando que USCIS resuelva casos ya con entrevistas completadas. Mientras tanto, recomienda que quienes cumplen requisitos continúen solicitando ciudadanía, pues el proceso técnicamente aún funciona.
