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PACMA denuncia que el Gobierno de Ayuso transforma las clases de tauromaquia para mayores de catorce años en verdaderos espectáculos públicos

Sofia Herrera

El partido animalista PACMA ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la nueva normativa sobre espectáculos taurinos populares de la región. La formación política cuestiona que las clases prácticas de escuelas taurinas ahora permitan audiencia pública, lo que las convertiría en espectáculos con participación de menores desde los 14 años en actividades donde se hieren y matan animales.

Según la asesora jurídica de PACMA, Eva Ramos, estas prácticas ya se realizaban con anterioridad, pero de forma encubierta. Con el nuevo reglamento aprobado en julio, la presencia de público ahora cuenta con amparo legal, lo que supone una transformación de una clase en un evento público. Ramos señala que en otras ocasiones se anunciaban clases prácticas que enmascaraban novilladas sin autorización administrativa.

A nivel estatal, la normativa distingue entre clases prácticas y espectáculos taurinos, fijando una edad mínima de 16 años para participar en estos últimos. Sin embargo, como estudiantes pueden inscribirse desde los 14 años, el reglamento madrileño permite que menores de 16 años participen en eventos públicos que técnicamente son espectáculos. Ramos denuncia que se camuflan novilladas en clases prácticas con menores de 14 y 15 años.

PACMA también cuestiona la falta de medidas de seguridad adecuadas en estas prácticas públicas. La organización señala que no se aplican requisitos básicos exigidos para exhibiciones públicas, como la presencia de burladeros o una altura mínima del muro de separación entre el animal y los espectadores, lo que genera riesgos potenciales.

El reglamento madrileño busca ampliar el catálogo de festejos taurinos autorizables, incluyendo espectáculos de otras regiones e incluso países. PACMA alerta que esto viola el principio de jerarquía normativa, ya que la normativa estatal exige que estas celebraciones tengan continuidad histórica prolongada en la localidad donde se desarrollan, requisito que el texto madrileño pretende eludir.

Ramos explica que algunos festejos tradicionales permiten prácticas prohibidas en otros contextos. Por ejemplo, el Toro de Júbilo de Medinaceli permite embollar al animal con fuego en los cuernos, práctica no autorizada en el resto de Castilla y León. Con el nuevo reglamento, estos festejos podrían celebrarse en la capital madrileña.

PACMA denuncia una incoherencia ética y legal fundamental: la normativa prohíbe herir o dar muerte a los animales en festejos populares, pero lo permite en clases prácticas con público y participación de menores. La organización considera que el reglamento fomenta la violencia contra animales y su normalización entre la población joven, contraviniendo la legislación estatal.

El Ejecutivo autonómico asegura no tener dudas sobre la legalidad del reglamento. PACMA contrapone que cualquier actividad organizada con espectadores se considera función pública según la Ley de Espectáculos Públicos madrileña, independientemente de si se cobra entrada. La formación confía en que el Tribunal anule la norma por incurrir en irregularidades graves.

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