La administración valenciana demanda que cualquier propuesta sobre financiación autonómica se formalize mediante un documento legal vinculante, no simplemente como anuncio político. El portavoz Miguel Barrachina cuestionó si su gobierno asistirá a las negociaciones bilaterales ofrecidas por Madrid, señalando que los compromisos del ejecutivo central frecuentemente quedan en declaraciones sin materialización legislativa.
Barrachina enfatizó que 16 de 17 comunidades rechazan el acuerdo alcanzado exclusivamente con Cataluña. Argumentó que el modelo pactado con el separatismo catalán carece de elementos cruciales para Valencia, incluyendo el fondo de nivelación, tratamiento mejorado de dependencia, reconocimiento de desplazados sanitarios y condonación de deuda autonómica pendiente.
El portavoz estableció un proceso reglamentario claro y obligatorio: primero debe existir un proyecto de ley formal, luego votación en el Congreso de los Diputados, y finalmente negociaciones con las autonomías. Actualmente, el proyecto legislativo ni siquiera existe, por lo que faltan meses para su redacción completa.
Barrachina criticó duramente que España negocie financiación únicamente con un condenado a 13 años por malversación y sedición, refiriéndose a Oriol Junqueras. Consideró esta aproximación como el peor inicio posible para un acuerdo que afecta a todos los españoles por igual.
El Consell comunicó que permanece en contacto diario con el gobierno central respecto a asuntos de interés ciudadano, incluyendo comisiones mixtas constituidas tras desastres naturales. Sin embargo, desconoce formalmente los detalles procedimentales específicos de las próximas reuniones bilaterales planteadas.
Respecto a inundaciones, Valencia revisará su Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación para adaptarlo a escenarios climáticos extremos. La revisión incorporará periodos de retorno excepcionales y restringirá construcciones en zonas inundables, priorizando territorios impactados por el evento de octubre de 2024.
La Universidad Politécnica de Valencia dirigirá esta revisión con presupuesto superior a 200.000 euros y plazo de tres meses. Los estudios constatan que la dana superó niveles de riesgo previstos anteriormente en el plan vigente, revelando la necesidad de actualización fundamental.
