La Corte Suprema realizará una audiencia preliminar el 6 de febrero para examinar las alegaciones de nulidad presentadas por las defensas antes del inicio del juicio contra el ex ministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. Este proceso judicial se relaciona con contratos de mascarillas, y se prevé que el juicio oral comience en abril.
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, sostuvo recientemente un encuentro informal con los representantes legales para organizar el desarrollo del procedimiento. El nuevo abogado del ex ministro comunicó que su agenda se encuentra ocupada durante marzo por otros compromisos judiciales derivados del caso Púnica, lo que obligó a replantear el calendario procesal.
La Corte Suprema había planificado originalmente celebrar el juicio a finales de febrero o principios de marzo. Esta circunstancia motivó la convocatoria de la reunión con las partes para ajustar las fechas y garantizar la participación de todos los implicados.
La audiencia preliminar del 6 de febrero constituye un trámite previo regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que el Gobierno incorporó mediante real decreto el año anterior. Durante esta sesión, las partes podrán presentar cuestiones de competencia, vulneración de derechos fundamentales, posibles conformidades y argumentaciones sobre la nulidad de actuaciones.
Tras resolver estas cuestiones mediante auto judicial, se fijará definitivamente la fecha del juicio oral. Si no se aceptan las alegaciones de nulidad, el proceso se reanudará después de Semana Santa, permitiendo así que ambas defensas agoten sus recursos procesales antes del inicio de la fase oral.
Ábalos y Koldo enfrentan acusaciones por concertarse supuestamente para obtener beneficio económico en contrataciones públicas. El empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama, habría captado empresas que luego contrataba el Estado, aprovechando la posición del ex ministro tanto en el Gobierno como en la estructura del PSOE como secretario de Organización.
Ambos acusados permanecen en prisión preventiva desde el 27 de noviembre tras ser considerados de riesgo extremo de fuga por las graves penas solicitadas. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras las acusaciones particulares solicitan hasta 30 años. Aldama, que colaboró confesando los hechos, enfrenta una petición de solo siete años.
Este juicio constituye la primera fase del caso Koldo, que posee ramificaciones adicionales. La Corte Suprema investiga otros presuntos amaños en adjudicaciones públicas que involucran también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras la Audiencia Nacional sigue varias líneas de investigación, incluida la que examina pagos en efectivo realizados por el partido.
