El presidente Pedro Sánchez ha realizado gestiones directas con el lehendakari Imanol Pradales y el líder socialista vasco Eneko Andueza para concretar la cesión de cinco nuevas competencias al País Vasco. Entre ellas destacan materias delicadas como prestaciones y subsidios del desempleo y el seguro escolar, que serán asumidos por primera vez por una comunidad autónoma española bajo la fórmula del Cupo vasco.
El presidente socialista intervino personalmente tras detectarse un grave desencuentro entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Seguridad Social que había paralizado las negociaciones. La reunión de la Comisión Mixta de Transferencias se celebra en Madrid con la intención de resolver las condiciones para traspasar la gestión de prestaciones que actualmente cobran más de 51.000 parados vascos a través del Servicio Público de Empleo Estatal.
Junto a estas prestaciones contributivas, el Gobierno vasco asume también el seguro escolar, otras prestaciones no contributivas familiares, Salvamento Marítimo y la propiedad de un centro de verificación de maquinaria en Barakaldo. La cesión incluye que el País Vasco destine recursos propios para estos servicios, descontándolos anualmente de su aportación a la Hacienda estatal mediante el Cupo.
Esta cesión representa un hito histórico porque todos los gobiernos españoles anteriores habían protegido la Seguridad Social frente a las presiones del PNV desde 1981. El nacionalismo vasco aprobó en 2016 un informe sobre crear Lagunkidetza, una Seguridad Social independiente que incluiría un sistema propio de pensiones para el País Vasco y Navarra.
El traspaso permitirá que Lanbide centralice el pago de prestaciones contributivas y no contributivas, incorporando aproximadamente 325 trabajadores del Sepe. El Gobierno vasco ha utilizado como referencia las 500 plazas de la plantilla original para calcular costes del servicio.
Sánchez se ha comprometido a reunirse antes de fin de enero con Pradales para abordar otras quince competencias incluidas en un acuerdo más amplio de 2023. Entre estas demandas figuran la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la propiedad de dos paradores vascos, el puerto de Pasaia y participación en los tres aeropuertos de Aena.
El presidente del PNV Aitor Esteban advirtió que no renunciará al «cumplimiento del Estatuto» ni a sus potencialidades completas. Su objetivo inmediato es lograr un «compromiso político» de Sánchez respecto a esas quince competencias agrupadas en diez carpetas.
La consejera María Ubarretxena demandó mayor seriedad en el proceso de cesiones. Representantes nacionalistas como el alcalde de Bilbao Juan María Aburto consideran inevitable la convocatoria de elecciones generales durante 2026, argumentando que es momento de «dar la palabra a la ciudadanía» ante la incertidumbre política.
