En la mañana de este jueves, el comisario jubilado José Manuel Villarejo declaró ante la Audiencia Nacional como acusado en un proceso que lo vincula con el empresario Javier López Madrid. Se le imputa un delito de cohecho relacionado con presuntos actos de acoso dirigidos hacia la doctora Elisa Pinto. Villarejo rechazó categóricamente las imputaciones durante su intervención, cuestionando la existencia de pruebas concretas sobre los hechos que se le atribuyen.
El antiguo policía negó de forma contundente haber sido contratado por López Madrid en 2013 para hostigar a la dermatóloga. Según su versión, nunca recibió dinero del empresario ni realizó actividades de acoso. Villarejo argumentó que la acusadora actuaba con intereses particulares y calificó su comportamiento como un intento de chantaje contra el directivo. Manifestó su imposibilidad práctica de demostrar hechos que asegura nunca ocurrieron.
Villarejo relató que conoció a López Madrid a través de Donato González, presidente de Société Générale en España, durante el verano de 2013. Sostuvo que González le presentó al empresario porque este padecía acoso telefónico. El comisario afirmó que no informó a González sobre su condición de agente en activo, elemento crucial en la defensa contra la acusación de cohecho dirigido a un funcionario público.
Respecto al apunte hallado en la agenda de Villarejo que dice “Entrega 10 a cuenta”, el acusado lo interpretó como una anotación relacionada con un supuesto chantaje de la doctora Pinto. Villarejo consideró ofensivo que le ofrecieran diez mil euros como provisión de fondos, argumentando que sus honorarios solían ser más elevados. Negó categóricamente haber recibido tal cantidad del empresario en ningún momento.
El comisario señaló que cuando López Madrid le contó los problemas con la dermatóloga, pareció tratarse de una relación sentimental rota. Manifestó haberle recomendado solo dos opciones: denunciarla o reconciliarse con ella. Su supuesta participación, según su versión, se limitó a esos consejos puntuales. Villarejo enfatizó que no existía contratación alguna entre él y el empresario, ni relación laboral que justificara los pagos alegados por la acusación.
