El partido de Comunes ha solicitado que la consejera de Derechos Sociales comparezca ante la comisión parlamentaria de Cataluña. La razón es la expiración del acuerdo que protegía a las personas vulnerables frente a la pobreza energética, según confirmaron fuentes de la formación política este jueves.
Organizaciones del tercer sector catalán y la Alianza contra la Pobreza Energética expresaron su alarma el miércoles anterior. Miles de familias sin recursos enfrentan situaciones críticas tras caducar el convenio. Ambas entidades han instado a la administración autonómica a implementar soluciones inmediatas para atender esta crisis social.
El acuerdo que regulaba esta materia fue suscrito en 2021 con una duración de cuatro años. Su periodo de vigencia terminó el treinta y uno de diciembre. Ni la empresa ni la Generalitat encontraron una alternativa antes del vencimiento. Ambas partes declaran que continúan buscando mecanismos de colaboración para resolver la situación.
La Taula y la APE emitieron un comunicado manifestando su profunda inquietud por incumplimiento del despliegue del convenio. Este acuerdo fue firmado voluntariamente por Endesa y la Generalitat. Ninguna otra compañía del sector energético, ya sea distribuidora de electricidad o gas, aceptó comprometerse con un pacto equivalente en la región.
El contexto de 2021 fue decisivo para que Endesa aceptara el compromiso. La crisis energética derivada del incremento de precios tras la pandemia fue determinante. La situación se intensificó cuando estalló el conflicto en Ucrania un año después. Endesa, siendo la empresa con mayor presencia en Cataluña con el 98% de distribución eléctrica y casi el 50% en comercialización, tuvo el rol más relevante en esta firma.
