La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido recibir declaraciones de dos exempleadas de Julio Iglesias bajo el régimen de testigos protegidas. Women’s Link Worldwide presentó la denuncia por acoso y agresión sexual. La organización sostiene que los hechos podrían constituir trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, servidumbre y delitos sexuales. Las autoridades mantienen reserva sobre los detalles procesales debido al carácter confidencial de las investigaciones.
Los alegatos de las denunciantes se remontan a 2021 y surgieron de investigaciones periodísticas que recopilaron testimonios alarmantes. Una trabajadora doméstica relata presiones para mantener relaciones sexuales no consentidas, acompañadas de agresiones físicas y verbales. Una fisioterapeuta describe tocamientos inapropiados. Ambas experimentaron insultos reiterados en sus espacios laborales.
Women’s Link señala que otras mujeres se han comunicado con ellos alegando experiencias similares como empleadas. La organización mantiene confidencialidad para proteger su seguridad. Jovana Rivas, directora ejecutiva, explicó que no pueden divulgar información adicional por razones de protección personal.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el cinco de enero. El organismo debe evaluar tres aspectos fundamentales: si existe jurisdicción española para investigar, qué órgano es competente y qué delitos podrían imputarse. Posteriormente, decidirá si formaliza acusación o cierra las diligencias preparatorias.
Las mujeres recibieron estatuto de testigos protegidas considerando la asimetría de poder existente. Se solicitaron medidas de seguridad para las denunciantes y sus familias. Este estatus implica ocultamiento de identidad, datos personales e imagen, junto con protección policial y posible reubicación cuando sea necesario.
Gema Fernández, abogada de Women’s Link, subrayó cómo el poder ejercido por el denunciado generó ambiente de intimidación y vulnerabilidad. Se requirió que declaraciones no revictimizaran a las demandantes. Las autoridades deben garantizar procedimientos respetuosos considerando el trauma vivido.
Rebeca expresó tres motivaciones para denunciar: justicia personal por su sufrimiento, solidaridad con otras empleadas domésticas de Iglesias, y mensaje a su país de origen sobre consecuencias legales. Laura afirmó: mujeres son víctimas y sobrevivientes, no culpables ni perpetradoras.
Las investigaciones documentaron condiciones de terror en propiedades ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Jornadas de dieciséis horas, humillaciones, tocamientos forzados y agresiones sexuales. Las mujeres carecían de contratos laborales, no podían abandonar las residencias y sus teléfonos eran revisados.
Iglesias sometía a empleadas a pruebas médicas forzadas incluyendo VIH, hepatitis y exámenes ginecológicos. Personal de confianza del artista presenciaba y en ocasiones participaba. Las trabajadoras sufrían aislamiento total de sus contextos sociales originales.
Fernández explicó elementos del delito de trata: captación, traslado, recepción y explotación mediante engaño, violencia o abuso de poder. En estos casos, el engaño operó porque desconocían condiciones laborales reales. La captación ocurrió mediante redes sociales dirigidas a mujeres específicas. El traslado produjo aislamiento y la explotación se concretó en las viviendas donde también trabajaban.
