El Gobierno analiza la posibilidad de retirar la Medalla de las Bellas Artes a Julio Iglesias debido a las denuncias presentadas por dos extrabajadoras que lo acusan de acoso y agresión sexual. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado que la prioridad está en las víctimas y la igualdad, afirmando que el Gobierno siempre defenderá a las mujeres. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha argumentado previamente que retirar el galardón, otorgado en 2010, es una cuestión de ética.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su sorpresa por las acusaciones y ha solicitado esperar a que la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional determine los hechos. Su posición contrasta con la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha rechazado retirar la Medalla de Oro que Madrid concedió a Iglesias en 2012, argumentando que no contribuirá al desprestigio del cantante más universal.
Yolanda Díaz ha indicado que ha conversado con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre la retirada de la medalla, quien resolverá esta cuestión en los próximos días. La vicepresidenta ha sostenido que existe una distinción entre la responsabilidad penal y la responsabilidad ética, afirmando que se requiere una actuación ejemplarizante ante estos casos. Además, ha criticado la negativa de Ayuso, considerándola una postura que se alinea con el machismo y la violación de derechos humanos.
Las dos mujeres que presentaron las denuncias el 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, acusan a Julio Iglesias de múltiples formas de violencia entre enero y octubre de 2021. Según sus testimonios, vivieron agresiones sexuales, psicológicas, físicas y económicas mientras trabajaban en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas. Reportan que fueron acosadas, vigiladas constantemente y obligadas a jornadas laborales de hasta 16 horas sin descanso ni contrato formal.
La denuncia incluye alegaciones de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de acoso sexual y lesiones. Las denunciantes permanecieron en silencio durante casi cinco años por miedo a represalias y falta de canales seguros para denunciar. Una de ellas ha declarado que su objetivo es evitar que otras mujeres sufran abusos similares, buscando visibilizar que las mujeres son víctimas y sobrevivientes, no culpables.
Amnistía Internacional ha emitido un comunicado apoyando a las denunciantes y solicitando una investigación completa. La organización señala que los testimonios recabados sugieren similitudes con experiencias de otras mujeres trabajadoras en América del Sur y el Caribe que habrían laborado para el denunciado. Tras conocer los hechos, la organización ha decidido respaldar a las víctimas en su búsqueda de justicia.
