La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el nuevo modelo de financiación autonómica tendrá carácter voluntario. Las comunidades autónomas podrán elegir entre adoptar este sistema o mantener el vigente. El Ministerio de Hacienda aclaró que esta posibilidad ya estaba prevista en la legislación aprobada en 2009.
El Gobierno iniciará rondas de reuniones técnicas bilaterales con las comunidades autónomas para profundizar en los detalles del nuevo modelo. Tras estas consultas, se abrirá un período de audiencia pública para la ley orgánica. Posteriormente, el Consejo de Ministros la aprobará nuevamente y la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
El nuevo modelo de financiación proporcionará 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas comparado con el sistema actual. Para el año 2027, cuando está prevista su entrada en vigor, los recursos totales alcanzarían los 224.507 millones de euros. Inicialmente, la voluntariedad se limitaba a la recepción de una parte del IVA generado por pymes en los territorios.
Los gobiernos autonómicos del Partido Popular rechazan el nuevo sistema, calificándolo como «modelo Junqueras» precocinado. Algunos han amenazado con acudir a los tribunales si se aprueba como ley orgánica. Desde Castilla-La Mancha, gobiernada por el PSOE, denuncian que se trata de un chantaje de independentistas catalanes que busca privilegios territoriales.
La consejera de Economía de Cataluña, Alicia Romero, defendió el nuevo modelo argumentando que beneficia a la región tras años de infrafinanciación. Negó que represente un acuerdo de insolidaridad y afirmó que con esta propuesta todos los territorios resultan ganadores en la distribución de recursos.
