Sumar mantiene una posición firme respecto a las políticas habitacionales del Gobierno de coalición. El socio minoritario rechaza categóricamente la medida anunciada por Pedro Sánchez, que busca bonificar al cien por ciento en el IRPF a propietarios que no incrementen los alquileres. En su lugar, propone forzar una prórroga automática de contratos actuales para evitar aumentos de precios. Aproximadamente 630.000 contratos necesitan renovarse durante 2026, afectando a 1,6 millones de personas en toda España.
La tensión entre socios gubernamentales se intensifica cuando Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, cuestiona el argumento constitucional de La Moncloa. El sector socialista sostiene que la prórroga forzosa sería inconstitucional según un informe de la Abogacía del Estado, lo que justificaría optar únicamente por incentivos fiscales. Bustinduy rechaza frontalmente esta premisa y presenta un argumento contundente: el Gobierno ha aplicado esta medida ocho veces desde 2020.
El ministro de Sumar subraya que esas ocho ocasiones de prórroga extraordinaria ocurrieron durante la pandemia y tras la invasión rusa de Ucrania. Sostiene que la prórroga de alquileres posee todas las garantías legales necesarias sin disputas jurídicas. Presenta tres fundamentos legales para rebatir al PSOE: la medida no es nueva, el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado en contra, y en ninguna ocasión anterior ha sido cuestionada.
Bustinduy argumenta que la prórroga automática no vulnera el derecho de propiedad constitucional porque establece una delimitación temporal justificada por la función social de la vivienda. El Defensor del Pueblo ha avalado previamente las prórrogas extraordinarias bajo este criterio. Además, asevera que se trata de una competencia exclusivamente estatal según el artículo 149 de la Constitución, que atribuye al Estado la legislación sobre arrendamiento urbano.
Para Bustinduy, la crisis de vivienda posee una magnitud que justifica una intervención estatal de emergencia dentro de las competencias constitucionales. Enfatiza que la medida ha funcionado anteriormente y es idónea para abordar la crisis que afecta a 1,6 millones de personas este año. Presenta argumentos económicos adicionales: los propietarios tienen una renta media 23.000 euros superior a los inquilinos, aproximadamente un 82 por ciento más de recursos.
Pese a la presión de Sumar, La Moncloa mantiene su propuesta de incentivos fiscales a través del IRPF para propietarios. El Gobierno considera que esta es la herramienta más rápida y efectiva disponible para contener precios en renovaciones. Las fuentes gubernamentales sostienen que la fiscalidad representa la forma más segura de intervenir en el mercado. El ministro Félix Bolaños afirma que solo aprobarán medidas dentro de la Constitución y la ley, sugiriendo implícitamente que la exigencia de Sumar carece de viabilidad constitucional.
La posición socialista se fundamenta en un informe de la Abogacía del Estado solicitado durante la elaboración de la Ley de Vivienda. Este informe concluyó que la vivienda es competencia autonómica y que intervenir estatalmente en precios sería inconstitucional. Por eso la normativa solo contempla techos de alquiler en zonas tensionadas, por períodos determinados y con acuerdo autonómico. El sector socialista subraya que la Ley de Vivienda ya incluía incentivos fiscales sin objeciones previas de Sumar.
