La candidatura presidencial de Marine Le Pen se resuelve a partir de hoy ante los tribunales franceses
Marine Le Pen enfrenta desde este martes una batalla judicial decisiva para su carrera política. Durante varias semanas, hasta el 12 de febrero, asistirá a la vista de apelación contra la sentencia impuesta en marzo de 2025. El tribunal la condenó a cuatro años de cárcel —dos efectivos con brazalete electrónico— e inhabilitación política de cinco años por desviación de fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios en Bruselas.
El Reagrupamiento Nacional prepara contingencias ante un posible fracaso en la apelación. Jordan Bardella, presidente del partido, ha sido identificado como candidato alternativo si la justicia ratifica la inhabilitación de Le Pen. Aunque critica públicamente esta situación como una amenaza democrática, Bardella mantiene una postura política ambigua y estratégica. Los sondeos lo sitúan con cifras electorales comparables o superiores a las de Le Pen.
Entre 2004 y 2016, el Reagrupamiento Nacional utilizó fondos europeos para financiar operaciones internas en Francia. La estructura funcionaba contratando supuestos asistentes del Parlamento Europeo que en realidad trabajaban para el partido. Bruselas estimó el desvío en 6,8 millones de euros, aunque el tribunal redujo significativamente esta cifra. La investigación se originó en una denuncia presentada en 2015 por Martin Schulz, entonces presidente de la Eurocámara.
Los fiscales describieron durante los juicios un sistema organizado y consistente de fraude de fondos públicos. El tribunal concluyó que Marine Le Pen se encontraba en el centro del esquema desde 2009. Aunque no hubo enriquecimiento personal directo, el beneficio favoreció la comodidad de los dirigentes partidistas. El daño total calculado alcanza 4,1 millones de euros, con 474.000 euros atribuidos específicamente a Le Pen.
La sentencia establece que la organización del desvío resultó indudable ante los elementos de investigación presentados. Le Pen manifestó disposición a ceder su candidatura si pierde en apelación, permitiendo que Bardella asuma la carrera presidencial. El partido debe pagar además una multa de dos millones de euros por los delitos comprobados.
