El presidente boliviano Rodrigo Paz está ejecutando su compromiso electoral de perseguir penalmente a miembros del Movimiento al Socialismo, partido que gobernó Bolivia durante veinte años hasta 2025. Tras dos meses de administración, la ofensiva judicial contra el anterior gobierno se ha convertido en una de sus prioridades principales, junto con medidas de ajuste económico. El nuevo mandatario responsabiliza al MAS de la peor crisis financiera que ha enfrentado el país en este siglo. Cinco individuos vinculados a esa formación política han sido remitidos a prisión preventiva por delitos relacionados con corrupción.
Edgar Montaño, exministro de Obras Públicas, es la detención más reciente. Un juez ordenó su confinamiento en la cárcel de San Pedro durante cuatro meses mientras avanza la investigación sobre conducta antieconómica y otros delitos. Días antes, Edwin Condori, antiguo director de la estatal Epcoro, fue enviado al mismo penitenciario tras acusaciones de malversación de fondos e incumplimiento de obligaciones. La Fiscalía alega que Condori solicitó desembolsos superiores a diecisiete millones de dólares sin justificación posterior alguna.
El expresidente Luis Arce permanece detenido en San Pedro desde diciembre, enfrentando acusaciones de enriquecimiento ilícito e influencia indebida. Los exdiputados Lidia Patty y Franklin Flores completan la lista de oficialistas encarcelados. Patty supuestamente recibió cien mil dólares para ejecutar un proyecto del Fondioc que nunca se realizó. Flores dirigía Emapa cuando se construyó una planta procesadora de papa que funcionó solamente algunas semanas antes de fracasar completamente.
El desembolso autorizado para Patty provino de Arce cuando fue ministro de Economía entre 2006 y 2017, razón por la cual enfrenta procesos ordinarios en lugar de juicios de responsabilidades presidenciales, según sostiene la administración actual. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que estas aprehensiones responden a una política sistemática de investigación contra la corrupción impulsada presidencialmente. Oviedo explicó que detectaron funcionarios causando daño económico y trasladaron casos al ministerio Público.
Paz ha atribuido la recesión económica actual al gobierno anterior, señalando la dramática caída de reservas internacionales de quince mil millones de dólares en 2014 a menos de mil ochocientos millones en 2024. El mandatario describió hallazgos de corrupción generalizada en ministerios e instituciones estatales de proporciones inesperadas. Particularmente criticó el modelo económico masista basado en subsidios, afirmando que todo programa de subsidización contiene corrupción inherente.
Durante sus primeras semanas, Paz estableció diez comisiones de la verdad para auditar empresas públicas. El grupo investigando carburantes y gas representa la comisión más relevante, considerando que la reducción de exportaciones gasíferas contribuye significativamente a la escasez de divisas nacionales. El presidente sostiene que el supuesto desfalco masista ascendería aproximadamente a quince mil millones de dólares en total.
Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno, aparece como próximo objetivo. Fue capturado el treinta de diciembre intentando abandonar el país sin completar controles de seguridad aeroportuarios, pero liberado pocas horas después. Además existe especulación sobre posible detención del expresidente Evo Morales, quien enfrenta orden de aprehensión desde octubre de 2024 por incumplimiento de comparecencia en caso de trata de menores.
