Dos organizaciones colegiales han cuestionado públicamente la actuación del Colegio de Abogados de Madrid. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa y Defiéndete en Derecho acusan a la institución de abandonar su neutralidad institucional. Ambas denuncian que la actual dirección, encabezada por el decano Eugenio Ribón, ha impulsado acciones judiciales contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado.
Las asociaciones han presentado un escrito formal exigiendo una asamblea extraordinaria. Solicitan que el decano ofrezca explicaciones sobre la acusación contra García Ortiz, quien fue condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo. El documento señala que el Colegio ha sido instrumentalizado para respaldar estrategias políticas específicas, alejándose de su función tradicional.
Según el análisis de ambas organizaciones, la denuncia presentada por la institución colegial contenía omisiones deliberadas de hechos relevantes. No consideró adecuadamente la campaña de difamación dirigida contra la Fiscalía, ni los responsables de difundir información distorsionada a través de medios de comunicación. La acusación se basó en una lectura parcial de los eventos que rodearon el caso del empresario Alberto González Amador.
Los representantes de ambas asociaciones subrayan que esta actuación rompe décadas de tradición institucional. Destacan que el Colegio siempre se caracterizó por mantener independencia respecto a presiones políticas. Consideran que la personación como acusación popular contra el ex fiscal general representa un precedente preocupante para la autonomía del organismo colegiado.
En el escrito dirigido a la institución, solicitan que se convoque una junta extraordinaria donde se debata la actuación de la junta directiva. Plantean dos posibilidades: censurar las acciones del decano o ratificarlas explícitamente. Esta demanda busca transparencia y legitimidad democrática en las decisiones institucionales más controvertidas.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a González Amador. El Colegio había solicitado inicialmente cuatro años de prisión durante el proceso. Actualmente, la Abogacía del Estado prepara recursos para impugnar la sentencia ante instancias superiores.
Organizaciones adicionales han expresado preocupación por el proceso judicial. La Unión Progresista de Fiscales remitió comunicación formal a la relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados. Solicitan evaluación de si la independencia judicial quedó comprometida por las irregularidades institucionales documentadas durante el procedimiento.
