Izquierda Unida ha modificado su postura respecto al nuevo modelo de financiación autonómica promovido por el Gobierno. Tras realizar un análisis exhaustivo de la propuesta consensuada entre el PSOE y ERC, la formación de izquierda considera que no existe un principio de ordinalidad que limite el sistema. Este cambio de criterio representa un giro significativo en su posicionamiento inicial.
El partido ha determinado que el nuevo esquema de financiación constituye una base sólida para negociar un acuerdo definitivo. La propuesta inyecta recursos económicos sustanciales en las comunidades autónomas, destinados específicamente a fortalecer la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esta reorientación ha permitido a Izquierda Unida respaldar la iniciativa del Ejecutivo.
El cambio de posición de Izquierda Unida reduce las tensiones internas dentro de Sumar, la coalición gobernante minoritaria. El anuncio realizado por Oriol Junqueras después de cerrar el acuerdo definitivo con Pedro Sánchez había generado preocupación entre varios socios políticos. Inicialmente, Izquierda Unida había rechazado enfáticamente cualquier mecanismo que favoreciera territorios únicamente por su mayor capacidad fiscal.
Antonio Maíllo, máximo responsable de Izquierda Unida, ha confirmado este lunes que no se aplicará un principio de ordinalidad restrictivo al modelo general, aunque podría utilizarse como criterio correctivo en circunstancias específicas. El líder ha subrayado que la ausencia de este principio garantiza equidad en la cobertura de servicios sanitarios independientemente de la región geográfica donde residan los ciudadanos.
Maíllo ha expresado satisfacción respecto al avance que representa este nuevo sistema para todas las autonomías. Izquierda Unida planteará sugerencias de mejora durante los debates parlamentarios y ha señalado su disposición a votar favorablemente. El partido ha propuesto vincular el aumento de financiación con la aplicación estricta de los fondos en servicios públicos esenciales y el establecimiento de ingresos mínimos garantizados.
