La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino enfrenta una profunda crisis institucional ajena al deporte. Múltiples denuncias de corrupción rodean al presidente Claudio Tapia y su entorno directo, generando investigaciones en medios y tribunales. Los imputados rechazan las acusaciones argumentando ser víctimas de una campaña difamatoria. El escándalo más reciente involucra un presunto desvío de fondos desde la empresa que administra los ingresos internacionales de la entidad.
Una investigación reveló que TourProdEnter LLC acumuló 260 millones de dólares en cuentas estadounidenses provenientes de patrocinios, derechos televisivos y amistosos de la selección bicampeona de América. Al menos 42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades en Miami. Estas últimas no presentan empleados registrados ni actividad comercial verificable, lo que genera sospechas sobre su verdadera naturaleza.
La empresa fue constituida a fines de 2021 bajo la dirección de Erica Gillette, pareja del productor Javier Faroni, cercano a Tapia. Las cuatro sociedades receptoras carecen de justificación económica aparente. Los indicios sugieren estructuras legales para transferencias irregulares de capital. La justicia deberá determinar si se trata efectivamente de sociedades pantalla para desviar recursos públicos.
La cúpula del fútbol argentino emitió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones. La institución sostiene mantener un contrato válido con TourProdEnter LLC y asegura que ninguna investigación judicial en Estados Unidos ni Argentina ha hallado irregularidades. La AFA niega categóricamente cualquier comportamiento delictivo en su vínculo comercial con la empresa cuestionada.
Tapia y su tesorero Pablo Toviggino atribuyen los ataques al empresario Guillermo Tofoni, supuestamente respaldado por el Gobierno de Javier Milei. El conflicto escaló cuando la dirigencia futbolística rechazó transformar los clubes en sociedades anónimas deportivas. La AFA considera el objetivo es deslegitimar su gestión institucional en momentos críticos para la organización.
Los problemas se acumulan para la dirigencia cuando falta poco para el próximo Mundial. Toviggino enfrenta investigaciones por presunta retención indebida de aportes jubilatorios y vínculos con una financiera vinculada a operaciones ilegales de divisas. El tesorero está en el centro de múltiples indagatorias judiciales complejas. Los reconocimientos por los títulos conseguidos bajo Tapia comienzan a opacarse ante estos escándalos.
Existe además una investigación sobre la propiedad de una mansión de lujo en Pilar, al norte de Buenos Aires. El fiscal Claudio Navas Rial sospecha que Luciano Pantano y su madre Ana Conte actúan como testaferros de Toviggino. Ambos postergaron su declaración presentando recursos judiciales. Los intentos de dilatar el proceso judicial complican aún más la situación institucional.
